El profesor del Máster en Dirección en la Gestión Pública de UNIR participó en una sesión académica sobre los desafíos de las Administraciones públicas en Latinoamérica. Izabel Rigo Portocarrero, subdirectora del Área Derecho Público en UNIR, analizó el Acuerdo de Escazú, el más importante en materia ambiental en la región.
La restructuración de las Administraciones públicas en Latinoamérica y el Acuerdo de Escazú fueron los ejes de una masterclass organizada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
En la sesión emitida vía streaming, Joaquín Rodríguez Alba, profesor del Máster en Dirección en la Gestión Pública de UNIR, partió su exposición desde una declaración de intenciones: “Un Estado inteligente implica reorganizar el buen funcionamiento del sector público en Latinoamérica”. Profundizó en aspectos esenciales del funcionamiento actual de las Administraciones públicas en la región y destacó la presencia de las nuevas tecnologías en su organización con planteamientos novedosos y disruptivos. Con los mismos fines, incidió en la necesidad de la gestión adecuada del talento humano.
Por su parte, Izabel Rigo Portocarrero, subdirectora del Área Derecho Público en UNIR, argumentó sobre el Derecho Ambiental y su aplicación, con la referencia internacional del Acuerdo de Escazú, el más importante en materia ambiental para América Latina y Caribe. La profesora diseccionó el convenio y destacó los artículos más importantes, de obligado cumplimiento por las partes firmantes.
Era exponencial
Durante su ponencia, Jaime Rodríguez Alba hizo un itinerario sobre la redefinición del papel que deben jugar las Administraciones públicas en Latinoamérica. “Estamos en la era exponencial, donde los desarrollos tecnológicos pueden acabar con los problemas que vienen atosigando a las comunidades humanas”, comenta. A través del uso de las tecnologías exponenciales, y hasta donde lo permitan, considera que “el Estado debe apropiarse del bien común general para conseguir su reorganización y aprovechar la gestión del talento humano”.
El Estado debe apropiarse del bien común general para conseguir su reorganización y aprovechar la gestión del talento humano. Joaquín Rodríguez Alba
Esta revolución 4.0 nos conduce a lo que el experto denomina ‘Estado inteligente’, el espacio donde se afrontan los retos que necesitan las organizaciones públicas. “Debemos entender que vivimos en una economía del conocimiento en la que estructuramos datos para que sean significativos, nos den información de valor y lleven a procesos de gestión pública de mayor calidad”, manifiesta.
En su opinión, la cresta de la tecnología debe ser aprovechada, extraer todas las posibilidades del dato encriptado a través de blockchain y tomar ejemplo del efecto de esta transformación tecnológica en el sector privado, más innovador que el público. “Los datos están protegidos, pero necesitamos que la ciudadanía acceda a ellos. Por eso se creó la figura de gestión de datos para el bien común, ende se inventaron las competencias profesionales asociadas. Y hay que poner el foco en la interacción de los órganos públicos con los ciudadanos para generar confianza y transparencia”, recalca.
Gobierno plataforma
Rodríguez Alba dio otro giro de tuerca a su visión del estado, esta vez como gobierno plataforma, en el que el contacto del ciudadano con la Administración pública es más amable y cercano, “también más responsivo y flexible en el momento de centralizar datos para ese insumo llamado conocimiento en el ecosistema digital”. Gracias a un internet individualizado y apps, obtiene del usuario mejores datos para mejorar sus procesos de gestión pública.
En el modelo del gobierno plataforma, el contacto del ciudadano con la Administración pública es más próximo.
El profesor de UNIR también observa como reto tecnológico la búsqueda de una solución administrativa y organizacional de los hilos de información en los estados inteligentes: “Esto es crear estándares de datos, armonizar estructuras organizacionales”.
A su parecer, existen dos ideas clave que deben complementar la solidez de estas estructuras. La primera, una Administración centrada en el ciudadano que, como en el modelo chileno, profesionalice la misión directiva en base a mérito combinado con un sistema oposicional. Una idea en la que incide, “ya que en Latinoamérica son habituales las burocracias clientelares que utilizan la meritocracia hasta cierto staff. Sobre todo, para los grandes servicios, nos podemos encontrar que ser maestro o médico en una Administración pública es complejo, porque hay que acumular méritos y pruebas. Sin embargo, para ser director gerente no son requeridas tales exigencias”.
Batalla por el talento
El segundo factor tomado en cuenta tiene que ver con la batalla por el talento. “Necesitamos modelos que potencien su captación. No solo de talentos digitales, sino del servidor público con ese afán de innovar que debe desarrollar”.
Necesitamos modelos que potencien la captación de talento. No solo de talentos digitales, sino del servidor público con ese afán de innovar que debe desarrollar. Joaquín Rodríguez Alba
Rodríguez Alba acudió a informes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para dibujar un panorama gris al respecto de la atracción ejercida desde las Administraciones latinoamericanas, debido especialmente a la brecha salarial con referencia al sector privado. “Aquí recalan mucho más los talentos digitales de la nueva economía del conocimiento”, subraya.
Otros aspectos de esta desigualdad que destacan los informes son: las rigidices en el proceso de contratación, las limitadas oportunidades para desarrollo de carreras, el poco flexible clima laboral o directamente la falta de interés de los candidatos en trabajar en el sector público.
Nuevos retos
Ante este panorama, el experto reflexiona: “Cuando hablamos de talento lo hacemos de las competencias, es decir del conocimiento y habilidades, pero también de actitudes. Es central el propósito y la motivación de las personas”. De ahí aboga por afrontar nuevos retos para atraer ese talento, como una catarsis en la jerarquía administrativa pública, para un nuevo funcionamiento en red y horizontal, y cambios en los procesos de selección de contratación.
Rodríguez Alba abogó por cambios en la organización pública con estrategia de gestión y centralización de datos.
“Tenemos que conservar los buenos criterios de la meritocracia, de la objetividad y de la transparencia asociados al empleo público, pero irnos cada vez más a modelos de selección tecnológicos en el que se abran apartados para la robótica (realización de labores como las logísticas) y nos alejemos de sistemas informales y clientelares”, expresa convencido.
Por último, Rodríguez Alba recordó la necesidad de cambios en la organización pública a partir de una estrategia de hacia dónde dirigir la gestión y el uso centralizado de datos, apoyada en una arquitectura de desarrollo de instrumentos tecnológicos. Asimismo pone de relieve la propuesta de un cambio de cultura y de desarrollo de nuevas competencias (análisis y desarrollo de datos, adaptación al cambio…), así como de nuevos perfiles (expertos en ciberseguridad, científicos de datos, ingenieros en redes…). Todo dentro de un enfoque de gobernanza en el que exista una interacción entre administración, sector privado y ciudadanía.
Derecho ambiental y el Acuerdo de Escazú
El derecho ambiental también tuvo gran protagonismo en la sesión de la mano de Izabel Rigo Portocarrero, quien giró su exposición alrededor del Acuerdo de Escazú. Éste es relevante en cuanto su articulado supone un ejemplo de actuación de las Administraciones públicas de los países firmantes (actualmente ratificado por 14), siendo desde 2018 el primer convenio regional ambiental abierto a todos los países de América Latina y Caribe.
“En él, afirmaron la necesidad del derecho de acceso a la información, participación y justicia ambientales”, resalta la experta los tres pilares del Acuerdo.
Izabel Rigo, subdirectora del Área Derecho Público en UNIR, describió los artículos más destacados del Acuerdo de Escazú.
Precisamente al respecto de su vinculación con estos pilares, Rigo Portocarrero pone énfasis en la publicidad que debe hacerse a las tomas de decisiones en materia ambiental de las Administraciones Públicas y en la transparencia.
Disección de artículos
Durante su exposición, la profesora de UNIR fue destacando algunos artículos del Acuerdo, “el cual se adapta al contexto de cada país de América Latina”. Así, detalló aspectos del referido al acceso a la información de personas o grupos en situación de vulnerabilidad (art.5), con alusión a los pueblos indígenas, especialmente involucrados a cuestiones ambientales.
Del art.7, mencionó la obligación de los órganos de gobierno a respetar “la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, abierta e inclusiva para toda la ciudadanía”. Y del capítulo octavo subrayó el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Con el Acuerdo de Escazú los Estados deben garantizarles a los defensores del medio ambiente un espacio seguro y propicio para que puedan promover y defender los derechos humanos en materia ambiental. Izabel Rigo Portocarrero
Rigo Portocarrero quiso hacer una mención especial al art.9 que aborda disposiciones específicas sobre defensores del medio ambiente. “Estas personas han estado amenazadas durante décadas. Con este artículo los Estados deben garantizarles un espacio seguro y propicio para que puedan promover y defender los derechos humanos en asuntos ambientales, sin restricciones ni inseguridad, así como poner medidas contra quienes intenten socavar o atentar contra su voluntad”, proclama.
Cumplimiento y cooperación
La disección didáctica del Acuerdo trajo también a la sesión algunos puntos de reflexión. Uno de ellos, sobre cómo abordar su total cumplimiento por parte de los países implicados. Para lo cual, existe un catálogo de medidas de fortalecimiento de capacidades, con programas de sensibilización y módulos educativos básicos para público y funcionarios, entre otros.
La cooperación y las alianzas interestatales son esenciales para preservar el medio ambiente en la región, destacó Izabel Rigo.
“También la cooperación, especialmente en apoyo a los países menos adelantados, y el intercambio de alianzas con Estados de la región, ONGs, u organizaciones académicas, son habituales”, comenta la profesora, quien señala a La Conferencia de las Partes como órgano rector del Acuerdo encargado de examinar y velar por su correcta aplicación.
La docente concluyó su intervención con la mención de algunos países, como Argentina, que ya están legislando sobre la materia ambiental de forma específica, con los órganos del Estado adaptándose al articulado del Acuerdo para su efectivo cumplimiento.
