La inteligencia artificial ya está dentro de las instituciones y del trabajo jurídico. El reto, advierten los expertos del Foro UNIR, es gobernarla con transparencia, ética y seguridad para proteger derechos y mejorar servicios.
Los 7 puntos claves del Foro UNIR
- Ciberseguridad como base de la transformación digital: La digitalización sin seguridad genera vulnerabilidades críticas. Ecuador necesita una ley integral de ciberseguridad que incluya un catálogo de infraestructuras críticas digitales, notificación obligatoria de incidentes y coordinación interinstitucional para evitar que los eventos escalen a crisis. Institucionalizar el Comité Nacional de Ciberseguridad es prioritario.
- Gobernanza algorítmica y explicabilidad: Toda decisión automatizada en el sector público debe ser explicable y auditable. Los pliegos de contratación deben exigir acceso a información técnica, métricas de desempeño y sesgos, y cláusulas que garanticen transparencia y control sobre los sistemas adquiridos.
- Servicios públicos personalizados y predictivos: La IA permite pasar de la atención reactiva a la anticipación de necesidades ciudadanas en salud, trámites y seguridad. Para lograrlo se requiere gobernanza de datos, estándares éticos, evaluaciones de impacto y mecanismos que aseguren la explicabilidad ante el ciudadano.
- Formación y cultura digital: El cambio tecnológico exige capacitación continua para juristas y funcionarios. La IA debe usarse como herramienta, no como sustituto, con validación humana y responsabilidad profesional. La formación es clave para reducir riesgos y aprovechar su potencial.
- Compra pública de innovación responsable y sostenible: Modernizar servicios implica contratar soluciones con transparencia, acceso a información técnica, criterios verdes y métricas de sesgo. Es necesario integrar la agenda de algoritmos verdes y reforzar la capacidad de las pequeñas empresas para participar en las licitaciones.
- Evitar el ‘Shadow AI’ y regular su uso interno: El uso en la sombra de herramientas de IA sin políticas claras vulnera la protección de datos y la seguridad. Urge establecer normas, auditorías y políticas de acceso para controlar su implementación en la Administración pública.
- Cooperación multiactor e internacional: Alinear sector público, privado y academia es esencial. Ecuador debe aprender del Reglamento europeo sobre la IA y de iniciativas globales (UE, UNESCO), adaptándolas a su contexto sin frenar la innovación. La colaboración internacional y la interoperabilidad son claves para avanzar con garantías.
La inteligencia artificial avanza sin pausa también en el mundo del derecho: del despacho del abogado al sistema de licitación, de la ventanilla administrativa a los servicios predictivos que anticipan necesidades ciudadanas. En el Foro UNIR ‘La IA en el derecho: gobernanza y regulación en la era digital’, los ponentes subrayaron que el desafío ya no es si usar o no IA, sino cómo integrarla con garantías: transparencia, explicabilidad, protección de datos, responsabilidad y ciberseguridad.
Ecuador, con una digitalización acelerada y una superficie de riesgo creciente, afronta la urgencia de articular un ecosistema nacional de seguridad digital y un marco regulatorio que no frene la innovación, pero sí la ordene. Desde la experiencia europea —con el Reglamento de IA ya en vigor— y la realidad ecuatoriana —con iniciativas legislativas de ciberseguridad en marcha—, el mensaje de los expertos fue determinante: “tecnología sí, pero de manera responsable”, y con formación continua para quienes deciden, regulan y litigan.
Foro UNIR contó con la participación del Dr. Gabriele Vestri, presidente del Observatorio del Sector Público e Inteligencia Artificial (OspIA) y profesor en la Universidad de Sevilla; Inés Alarcón, asambleísta de la Asamblea Nacional del Ecuador y presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral; y José Manuel Sendín, coordinador académico del Máster Universitario en Derecho Digital de UNIR y abogado especialista en protección jurídica del software. La periodista Ana Gugel presentó y moderó el encuentro junto a José Luis Ros, coordinador académico del Máster en Administración Electrónica y Gobierno Abierto de UNIR.
La IA en la contratación pública
Gabriele Vestri dibujó el diagnóstico nada más empezar el encuentro: una Administración pública que los ciudadanos perciben como “máquina burocrática”, con procesos aún opacos y una inversión desigual en innovación entre niveles del Estado. En España —su referencia analítica— la compra pública de innovación avanza, apoyada por plataformas de licitación y transparencia, pero con fragmentación territorial y judicialización frecuente de adjudicaciones.
El Dr. Gabriele Vestri, presidente del Observatorio del Sector Público e Inteligencia Artificial (OspIA) y profesor en la Universidad de Sevilla.
Ese cuadro, trasladado al entorno latinoamericano, invita a fijar una nueva estrategia: definir qué tecnología se adquiere, bajo qué criterios éticos y legales, y con qué financiación y capacidades. Porque la IA ya está presente -desde asistentes como Copilot o ChatGPT hasta sistemas y herramientas sectoriales- y puede mejorar licitaciones (detección de fraude, patrones de colusión) y servicios públicos (personalización y predicción), siempre que se gobierne el algoritmo. El objetivo es lograr unos servicios públicos personalizados y predictivos, con datos y modelos evaluados y explicables.
Vestri puso ejemplos de aplicación: salud digital (cribados y detección precoz), transición energética, movilidad eléctrica, smart cities y la llegada de gemelos digitales con capas de IA para gestionar urbes en tiempo real.
La ruta, dijo, exige consolidar la digitalización, impulsar innovación responsable y no perder de vista la sostenibilidad: compra pública ecoeficiente y “algoritmos verdes” que reduzcan la huella de carbono de los modelos. Ecuador puede beneficiarse del aprendizaje europeo, evitar el Shadow AI (uso en la sombra, sin reglas), y establecer estándares claros en licitaciones que obliguen a los proveedores a entregar información para la explicabilidad y el acceso a contenidos esenciales (datos, documentación técnica) por parte de la Administración responsable del despliegue.
Digitalización acelerada y urgencia de ciberseguridad
Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral en la Asamblea Nacional del Ecuador, explicó por su parte que “el Estado se digitalizó más rápido de lo que se protegió”. La consecuencia, según dijo, ha sido un incremento exponencial de la superficie de riesgo con una normativa fragmentada y desactualizada. “Falta un marco técnico uniforme para prevenir, detectar, responder y recuperar ante incidentes2, señaló y afirmó que “hoy cada institución opera con su propio nivel de madurez y protocolos distintos, lo que genera vacíos y descoordinación”.
Inés Alarcón, asambleísta de la Asamblea Nacional del Ecuador y presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral.
Para esta experta, la solución pasa por la legislación que impulsa su Comisión: un proyecto de ley de ciberseguridad con catálogo nacional de infraestructura crítica digital, régimen de notificación obligatoria de incidentes y procesos alineados con estándares internacionales, para que la seguridad sea preventiva, técnica y estadística, no solo reactiva.
La asambleísta subrayó que “sin coordinación los incidentes se convierten en crisis”. Por eso propone institucionalizar el Comité Nacional de Ciberseguridad por ley, con atribuciones para coordinar respuestas, integrar alertas sectoriales, detectar patrones de ataque y proteger servicios esenciales.
En este contexto, el punto de vista económico también importa: cada hora de caída de un servicio esencial cuesta confianza pública y millones a las instituciones. Por eso, “la seguridad digital es una condición esencial de la transformación digital”, explicó. Este diagnóstico guarda sintonía con análisis independientes que señalan avances normativos parciales y la necesidad de un marco específico de gobernanza de IA en Ecuador.
Lecciones del reglamento europeo de IA
Preguntado por José Luis Ros, Vestri recalcó que el Reglamento de IA de la UE regula la puesta en mercado y el uso de sistemas de IA, imponiendo obligaciones a proveedores y responsables de despliegue, también a Administraciones públicas cuando desarrollan in house o adquieren soluciones. No es una carta general de derechos, aunque indirectamente tutela derechos fundamentales al exigir evaluaciones de impacto y control de riesgos según niveles (prohibiciones, alto riesgo, etc.).
La periodista Ana Gugel presentó y moderó el encuentro junto a José Luis Ros, coordinador académico del Máster en Administración Electrónica y Gobierno Abierto de UNIR.
El presidente del Observatorio del Sector Público e Inteligencia Artificial (OspIA) advirtió que las empresas no siempre están evaluando impactos sobre derechos como deben, y los sesgos del entrenamiento de la IA pueden trasladarse a decisiones públicas si no se mitigan con rigor. En el plano práctico, coincidió en que hay que evitar el Shadow AI dentro de ministerios y entidades para cumplir en protección de datos y seguridad, una línea muy conectada con las preocupaciones ecuatorianas descritas por Alarcón.
El abogado frente a la IA: herramienta sí, sustitución no
José Manuel Sendín abordó el uso profesional de la IA en el derecho: asistente, no reemplazo. En el día a día, modelos de lenguaje y asistentes ayudan a sintetizar jurisprudencia, revisar precedentes, ordenar big data jurídico y ganar tiempo. Pero el criterio profesional sigue siendo insustituible: la IA alucina, puede errar en fuentes y no asumir responsabilidad; la verificación es obligatoria. “En el despacho propio o in house, el jurista debe leer, adaptar y validar; igual que no se firma un formulario genérico sin revisarlo, no se entrega un texto de IA sin control”, afirmó.
Sendín insistió en la importancia de la formación continua y en un despliegue de IA paso a paso, con pilotos que combinen agilidad y seguridad jurídica (eficiencia, legalidad, igualdad en el acceso). En el sector público, la IA puede acelerar trámites si la Administración a la vez provee herramientas accesibles, garantiza ciberseguridad y mantiene los estándares de eficacia y eficiencia. “El equilibrio es la clave: ir más despacio si es necesario, pero seguro, sin grandes saltos que generen caos en los sistemas y la confianza ciudadana”, destacó.
Cultura organizacional y liderazgo del cambio
Preguntado por cómo disrumpir en la cúpula de las Administraciones, Sendín apuntó a una mezcla de seguridad jurídica, eficiencia y evidencia: proyectos piloto que demuestren mejoras reales, métricas de tiempos y calidad, y marcos claros de responsabilidad. “La Administración ha exigido al administrado digitalizarse (cédula de identidad electrónica, plataformas), pero debe corresponder con servicios ágiles y resilientes; y no discriminar por territorio en el acceso”, señaló. “La hoja de ruta”, sostiene, “no es tecnológica a secas: hay que sincronizar presupuesto, ciberseguridad y capacidades humanas”.
Alarcón coincidió con este planteamiento. “Definir bien es gobernar bien”, dijo. Y explicó que el proyecto ecuatoriano plantea definiciones precisas (ciberseguridad, infraestructura crítica digital, servicios esenciales, incidente digital), obligaciones para el Estado y operadores críticos, y un esquema recíproco: “Si se demanda interacción digital al ciudadano y a las empresas, la Administración debe proveer canales robustos y protocolos homogéneos. Se trata de ordenar responsabilidades, evitar improvisaciones y fortalecer el Comité Nacional de Ciberseguridad como pivote de coordinación interinstitucional”, subrayó.
José Manuel Sendín, coordinador académico del Máster Universitario en Derecho Digital de UNIR y abogado especialista en protección jurídica del software.
Gobernanza de datos y cooperación público-privada
Foro UNIR también puso en valor la gobernanza de datos como condición de una IA útil y confiable: sin inventario, calidad, seguridad y ética en el dato público, no hay modelos útiles. La IA en la Administración depende de datos bien gobernados y de interoperabilidad entre sistemas. Esto conecta con llamados recientes en Ecuador y la región para fortalecer la protección de datos, la interoperabilidad y los servicios digitales centrados en la persona.
Además, la compra pública de innovación es una palanca fundamental de modernización: conviene diseñar pliegos que incluyan acceso a información necesaria para auditorías algorítmicas, criterios de sostenibilidad y cláusulas de transparencia sobre el comportamiento del sistema (logs, métricas de sesgo, trazabilidad), explicaron los expertos.
La cooperación público-privada y con organismos internacionales ayuda a acelerar ese modelo: desde iniciativas europeas que apoyan la gobernanza digital (interoperabilidad en seguridad y justicia, sistemas nacionales de gestión de datos) hasta estándares globales sobre ética de la IA.
Ecuador ya discute la regulación de IA en ámbitos legislativos y de gobierno abierto; el foro sugiere enmarcar esas discusiones en principios de rendición de cuentas, participación y derechos humanos, sin sofocar la innovación.
Uso responsable: condiciones y cautelas
El Dr. Gabriele Vestri dejó una advertencia práctica en el evento: “Leer las condiciones de uso de las plataformas de IA generativa —qué se hace con las conversaciones, bases legales para tratamiento, responsabilidades e indemnizaciones— antes de llevar casos sensibles o información protegida a esas herramientas”.
Esa higiene digital es parte de la debida diligencia que deben observar despachos, ministerios, jueces y empresas. La conversación que se abordó en el foro sobre la responsabilidad por productos defectuosos en casos controvertidos recuerda que el debate jurídico evoluciona rápido: el derecho debe adaptarse sin perder garantías y sin conceder carta blanca a automatismos opacos, coincidieron en señalar los expeertos.
En conjunto, Foro UNIR dibujó un itinerario claro para Ecuador: regular la ciberseguridad a escala país, fortalecer la coordinación interinstitucional, promover una compra pública de innovación con criterios éticos y sostenibles, y formar juristas y funcionarios en IA, datos y ciberseguridad. El resultado deseable: un Estado que anticipa, protege y responde, y una ciudadanía que confía porque comprende cómo y por qué se automatizan determinadas decisiones en el país.
Mensajes principales de los participantes
Gabriele Vestri:
- “La Administración debe pasar de servicios públicos reactivos a servicios personalizados y predictivos gracias a la IA, con decisiones transparentes y explicables”.
- “La compra pública de innovación y los criterios verdes son palancas claves: la IA tiene también huella de carbono; necesitamos algoritmos verdes y estrategia”.
Inés Alarcón:
- “El Estado se digitalizó más rápido de lo que se protegió: urge una ley integral de ciberseguridad con catálogo de infraestructura crítica y notificación de incidentes”.
- “Sin coordinación los incidentes se vuelven crisis; institucionalizar el Comité Nacional de Ciberseguridad es fundamental para proteger servicios esenciales”.
José Manuel Sendín:
- “La IA es una herramienta, no un sustituto. El jurista debe verificar y adaptar; la formación continua y los pilotos garantizan eficiencia con seguridad jurídica”.
- “Es mejor avanzar paso a paso, sincronizando tecnología, ciberseguridad y presupuesto, para mantener la confianza e igualdad de acceso en la Administración”.
José Luis Ros:
- “La experiencia europea en gobernanza de IA ofrece aprendizajes para Ecuador: roles claros de proveedor y responsable del despliegue, y evaluaciones de impacto”.
- “Para convencer a la alta dirección pública, hacen falta evidencias de eficiencia y marcos de responsabilidad, no solo promesas tecnológicas”.
