El gerente del Viceministerio de Inclusión Económica y Social de Ecuador, Santiago Guayasamín, analiza en una ponencia dirigida a docentes de UNIR, los sistemas de protección integral para cientos de miles de ecuatorianos en situación de pobreza, a través de políticas y servicios sociales.
Santiago Guayasamín, gerente en Fortalecimiento del Talento Humano e Innovación de los servicios sociales del Viceministerio de Inclusión Económica y Social de Ecuador, y egresado del Máster de Intervención Social de UNIR, dirigió a los docentes de este máster una sesión de trabajo sobre las políticas sociales y los servicios que impulsa el Ministerio de Inclusión y Economía Social de Ecuador (MIES).
Guayasimín, destacó la protección integral que el MIES brinda a grupos de atención prioritaria, particularmente los más vulnerables por violencia estructural, cultural y de género. “Tratamos de evitar la precarización absoluta de la vida y promovemos, en cierta forma, la reparación del Estado de poblaciones históricamente abandonadas, como son los sectores indígenas que están ahora reclamando derechos”, afirmó.
Servicios sociales y económicos
De acuerdo a la Constitución, el MIES establece pautas de protección social para colectivos como niños y adolescentes, mujeres gestantes, adultos mayores, discapacitados y personas privadas de libertad; también los expuestos a una situación precaria tras una catástrofe natural. Hasta 1.800.000 personas, 10% de la población total del Ecuador, están ya en circunstancias de cierta vulnerabilidad, por ende, en el punto de mira del MIES.
Lo cierto es que son los casos más acuciantes quienes cuentan con los mayores servicios sociales en la actualidad: 440.000 personas. Para establecer los índices de pobreza, equipos multidisciplinares del Estado utilizan un baremo basado en determinados ejes, como condiciones de vida, acceso a derechos y situación socioeconómica, ésta dividida en dos grupos: quienes ingresan menos de 80 dólares mensuales y los que no llegan a 40 dólares mensuales.
En función de la debida clasificación, se hacen efectivas las partidas económicas, “los bonos y pensiones contributivas”. Por otro lado, este reparto se transversaliza por el enfoque de género y de etnicidad, que permite abordar la población LGBTIQ+ y pueblos originarios y nacionalidades indígenas.
Programas de desarrollo infantil
Una de las mayores preocupaciones del MIES se centra en el programa de desarrollo infantil integral que atiende a cerca de 80.000 niños y sobre el cual se está aplicando un control exhaustivo basado en Inteligencia Artificial y big data. “Con este sistema hacemos seguimiento de miles de niños y niñas en estado de vulnerabilidad. Sabemos cómo están beneficiándose de las prestaciones necesarias, es decir, si reciben cuidados sanitarios, alimentación, atención psicológica… en definitiva todos los parámetros que trabajamos. También controlamos la inversión de millones de dólares en esta asistencia social”, comenta Guayasamín.
Para esta empresa, el Estado actúa con centros de desarrollo infantil donde se da acogida a niños, facilitando a las madres que puedan salir a laborar. Los educadores atienden a día de hoy a 200.000 niños en estos centros, los cuales se encargan de ofrecerles estimulación, aprendizaje con juegos y realizan trabajo psicológico e, igualmente, procuran hacerlo con los cabezas de familia.
No obstante, situaciones complejas, como la desnutrición infantil, no siempre están bajo control, porque el MIES solo tiene competencia sobre niños con hasta 3 años de edad. Incluso madres adolescentes en escasez multidimensional están fuera de un marco de protección integral. Por eso, junto con los bonos categorizados, el MIES incluye un bono adicional de desarrollo variable para núcleos familiares de extrema pobreza. Esta excepcionalidad lleva la condición de que los menores de tres años miembros de una familia deben asistir a los centros educativos.
Bono de desarrollo humano
Desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social mantiene otra lucha constante, la relacionada con arraigados patrones culturales. Uno de estos es la mentalidad ancestral que se tiene sobre la idea de que la tierra debe ser traspasada de padres a hijos para que la cultiven. Eso muchas veces supone alejamiento del ámbito educativo y una herencia, en términos de liquidez y capacidad adquisitiva, muy desventajosa e incluso un lastre para poder alcanzar la provisión mínima necesaria. Para estos casos se aplican medidas de vulnerabilidad por condición humana, un bono de desarrollo humano acompañado de procesos de formación que impulsen la sostenibilidad de los núcleos familiares.
Los beneficiarios también pueden recibir un crédito de desarrollo humano, o lo que es lo mismo un adelanto de lo que recibirán en su bono para emprender un pequeño negocio. “Lo articulamos a través de la economía popular y solidaria. Hacemos ferias inclusivas a nivel nacional con muy buenos resultados. Además, antes de darles el crédito de desarrollo humano nosotros les bridamos capacitación, a través de talleres de informática y otros cursos profesionalizantes (orfebrería, panadería…) para mejorar sus ingresos. La primera convocatoria fue un éxito, más de 7.000 inscritos de forma virtual que, obviamente, por falta de recursos tuvimos que hacer selección de adjudicatarios para la ayuda”, recuerda el funcionario del MIES.
Modelos de protección especial
Otro punto importante recogido dentro de los servicios destinados a la protección social especial hace referencia al apartado del acogimiento institucional sobre las adopciones, “uno de los emblemas de esta Administración”.
Guayasamín resalta que los procesos burocráticos han mejorado mucho en esta materia. “Antes, las adopciones podían tardar tres años y había que superar un curso de adopción de medio año. Hoy día este curso es virtual y de un mes, y nos encaminamos a equiparar el proceso de adopción a los nueve meses de una gestante”.
La erradicación del trabajo infantil, donde los trabajadores sociales hacen su trabajo en las calles de la capital con niños y niñas sujetos a formas organizadas de mendicidad controladas por mafias; y la protección de las personas adultas mayores bajo un modelo de protección específica que atiende a situaciones mentales y fisiológicas, son otros objetos de atención relevante para el MIES. “Desde el organismo estatal hay una preocupación por promover un envejecimiento digno, con previsiones del deterioro cognitivo y pérdida de funcionalidad” remarca quien fuera alumno de UNIR.
Todo ese reparto específico, en forma de bonos y pensiones, queda desglosado en tablas de grupos etnográficos. La más reciente de estas representaciones gráficas -mayo de 2022- muestra el habitual dominio de la población mestiza como máxima beneficiaria de las ayudas sociales.
Profesionalización de la actividad social
La labor social desde el MIES requiere del esfuerzo y la preparación de un equipo de técnicos que, directa e indirectamente, despliega los servicios requeridos por las personas más necesitadas. En total son 23.700 técnicos, entre los cuales hay fundamentalmente psicólogos, sociólogos, administradores de centros especializados y educadores.
Estos últimos son el grueso de los técnicos, más de dos tercios del total, y hasta el momento estaban exentos de un título exigido por el Ministerio de Trabajo. Bastaba con el bachiller, con 0 años de experiencia, sin seguir ningún protocolo de cómo realizar sus funciones. Hoy se busca un reconocimiento distinto en el educador, de tal forma que su actividad tiene consideración de carrera técnica especializada en desarrollo infantil integral en modalidad dual: 50% práctica y la otra mitad teórica.
“Esta formación de 4 semestres de formación es un paso de gigante en la profesionalización. Con este título superior puede garantizarse ahora más que nunca la calidad de atención que deben tener niños y niñas, incluyendo sistemas de reportería continua y actualizada”, concluye Guayasamín, uno de los principales impulsores de la medida desde el MIES.
