Una estrategia que debe ser entendida como un proceso dinámico y participativo, que busque no solo integrar a las comunidades en el mercado, sino también transformar las estructuras que generan exclusión y desigualdad en el continente.
La intervención social comunitaria en América Latina se desarrolla en un escenario marcado por profundas desigualdades, exclusión, pobreza, diversidad étnica y cultural. Estos desafíos no son aislados, sino que están ligados a las estructuras económicas y sociales de la región las cuales se mantienen dentro de unos modelos de bienestar tradicionales y conservadores que han de adaptarse para dar solución a dichas problemáticas.
Los profesionales que trabajamos en este campo, ya sea en zonas rurales o urbanas, enfrentamos la tarea de diseñar y ejecutar programas que no solo alivien las condiciones inmediatas (intervenciones de emergencia) de las comunidades, sino que también promuevan cambios estructurales duraderos. Sin embargo, para lograrlo, es esencial comprender las dinámicas específicas de cada territorio y adaptar las estrategias y modelos a las necesidades reales de la población, afrontando en algunas ocasiones las dificultades que plantean las mismas estructuras burocráticas.
¿Qué tan importante es el contexto?
En la intervención social, ya sea individual, grupal o comunitaria no podemos desligarnos del contexto político, económico y cultural en el que estamos inmersos como individuos o sociedades. Las políticas sociales, que definen el rumbo de las intervenciones, suelen abordar mayormente la pobreza y la desigualdad rural o urbana desde una perspectiva limitada, tratándolas como problemas individuales en lugar de reconocerlas como síntomas de un sistema más amplio o estructural.
Esta mirada hace que se reduzca la capacidad de las intervenciones para generar transformaciones profundas, ya que se enfocan en integrar a las personas o comunidades “al mercado” sin plantear reformas de calado de las estructuras que podrían tener un efecto positivo a la hora de combatir la exclusión y marginalidad.
En este sentido, la intervención social comunitaria no debe limitarse tampoco a ofrecer servicios o programas asistenciales. Su verdadero potencial radica en su capacidad para cuestionar y transformar las condiciones que generan desigualdad en el campo y las ciudades. De lo contrario, corremos el riesgo de convertir nuestras prácticas en una herramienta que mantiene a las comunidades en un estado de dependencia, sin abordar las causas de raíz.
¿Cuáles son los mayores retos para la intervención social en lo rural?
En las zonas rurales de Latinoamérica, la intervención social enfrenta retos particulares. La ruralidad en la región no solo se reduce a la agricultura tradicional; abarca una diversidad étnica y de actividades económicas y culturales que reflejan la complejidad de estas comunidades, actividades además informales y algunas tantas veces ilegales o en tránsito a la legalidad. Sin embargo, persiste una visión idealizada del campo, que tiende a romantizar las condiciones en las que se habita y los contextos relacionales en los que se forja, predispuestos a ignorar las tensiones y conflictos que pueden existir en estos contextos.
Es común encontrar que los proyectos que se proponen para el desarrollo de las comunidades rurales partan de la idea de que las comunidades están cohesionadas y dispuestas a trabajar de manera colectiva. Sin embargo, esta suposición no siempre se ajusta a la realidad. En zonas afectadas por conflictos armados, como en el caso de Colombia, la desconfianza y la fragmentación social dificultan el trabajo comunitario. Además, los proyectos suelen ser de lento rendimiento, lo que limita su capacidad para garantizar la subsistencia inmediata de las familias aumentando los riesgos de deserción a los proyectos o programas dada la urgencia económica y alimentaria, aumentando la desconfianza en el otorgamiento de dineros a proyectos asociados.
Así las cosas, la intervención social comunitaria en el ámbito rural debe partir de un diagnóstico preciso de las condiciones locales y muchas veces individuales. Es fundamental reconocer que la familia rural y campesina es la unidad básica de producción y que cualquier iniciativa debe tener en cuenta esta realidad. Además, es esencial promover estrategias que no solo generen ingresos, sino que también fortalezcan las capacidades de las comunidades para gestionar sus propios recursos de manera sostenible.
Ahora bien, es importante definir el concepto de marginalidad para dar continuidad a este análisis, así que, la definimos como aquella comunidad (o individuo) que no ha sido vinculada o incorporada directamente a la institucionalidad o la oferta estatal de bienes y servicios.
¿Y en la intervención social en lo urbano?
El contexto urbano no es menos desafiante. En las ciudades latinoamericanas, la intervención social comunitaria se enfrenta a desafíos distintos pero igualmente complejos. La pobreza urbana está marcada por la expansión de las ciudades, el desempleo y la precariedad laboral. Muchas personas que migran del campo a la ciudad se encuentran con las mismas dificultades para acceder a servicios básicos como vivienda, salud, educación, agua, electricidad o alcantarillado, incluso tiene mayor riesgo de pobreza alimentaria que en el campo, lo que da lugar a asentamientos informales y barrios marginales; problemática que se acrecienta con la migración interna de latinoamericanos pobres.
A diferencia de las zonas rurales, donde las redes comunitarias pueden servir como una red de seguridad, en las ciudades, la supervivencia depende en gran medida del acceso al dinero que compra bienes y servicios. Esto hace que la pobreza urbana sea especialmente desafiante, ya que las personas enfrentan mayores barreras para satisfacer sus necesidades básicas y los factores de riesgo social se exacerban por el choque cultural (rural, urbano y étnico). Además, las ciudades concentran una gran cantidad de población en espacios reducidos, lo que genera problemas de hacinamiento, contaminación, exclusión social y conflictividad.
La intervención social comunitaria en el ámbito urbano debe abordar no solo las necesidades inmediatas de las personas, sino también las causas estructurales de la pobreza. Esto implica trabajar en la creación de empleos dignos, mejorar el acceso a servicios básicos y promover la inclusión social. Además, es fundamental que las intervenciones tengan en cuenta las dinámicas específicas de cada barrio o comunidad, ya que las necesidades pueden variar significativamente de un lugar a otro.
¿Cómo intervenir desde lo social y comunitario?
La intervención social comunitaria debe entenderse como una estrategia para promover cambios estructurales en las comunidades. Esto implica ir más allá de la provisión de servicios y trabajar desde un enfoque participativo que involucre a las comunidades en la identificación de sus necesidades y en la formulación de soluciones a corto, mediano y largo plazo. Para lograrlo, es esencial que los profesionales y las organización sociales tengan el rigor de diagnosticar las comunidades a intervenir, construir objetivos claros, medibles y alcanzables para resolver la problemática identificada, además, deberán establecer relaciones de confianza con las comunidades e individuos, promoviendo la participación activa fomentando la autogestión, creación de capacidades y conciencia política.
Un enfoque efectivo de intervención social debe ser flexible y adaptativo, capaz de responder a las particularidades de cada contexto. Esto significa que no existen soluciones únicas o universales; cada comunidad requiere estrategias específicas que tengan en cuenta sus recursos, capacidades y desafíos. Además, es fundamental que las intervenciones busquen fortalecer las capacidades locales, en lugar de imponer soluciones externas que puedan generar dependencia o estén en contravía cultural y contextual, solo así será posible generar cambios estructurales que permitan superar la pobreza, la exclusión y la desigualdad.
Por otra parte, es fundamental que las organizaciones y los profesionales de la intervención social cuestionen las estructuras que perpetúan estas problemáticas y trabajen desde un enfoque crítico y transformador. Esto implica no solo mejorar las condiciones de vida de las comunidades, sino también empoderarlas para que puedan gestionar sus recursos y construir un futuro más justo, equitativo e incluyente.
En definitiva, la intervención social comunitaria en América Latina debe ser entendida como un proceso dinámico y participativo, que busque no solo integrar a las comunidades en el mercado, sino también transformar las estructuras que generan exclusión y desigualdad. Solo desde esta perspectiva será posible avanzar hacia un desarrollo social más inclusivo y sostenible.
(*) Luz Helena Betancourt Escobar es un psicóloga con una amplia experiencia docente e investigadora internacional, con 18 años de trabajo en consultoría para asuntos y proyectos de intervención y gestión social y comunitaria. Licenciada en Psicóloga por la Universidad de Manizales (Colombia), cuenta con un Máster en Políticas Públicas y Gobernabilidad, Procesos de Integración y Desarrollo Territorial de la Universidad de DEUSTO (Bilbao, España) y de la Universidad de Palermo (Italia). Es profesora del Máster de Cooperación Internacional de UNIR.
