Expertos europeos y latinoamericanos analizaron el impacto de la inteligencia artificial en la gestión normativa del sector público ecuatoriano, sus oportunidades para agilizar procesos y los riesgos vinculados a la transparencia, la trazabilidad y la protección de derechos.
La inteligencia artificial aplicada al sector público ya no es una hipótesis lejana. Está entrando en procesos de análisis documental, redacción de borradores, revisión normativa y apoyo a decisiones administrativas. La cuestión, incómoda pero inevitable, es quién responde cuando esa herramienta se equivoca.
Ese fue el eje del Foro UNIR, enfocado en Ecuador, donde especialistas debatieron cómo estas tecnologías pueden modernizar la administración sin comprometer la seguridad jurídica, la transparencia ni la responsabilidad institucional.
Durante el encuentro, los ponentes coincidieron en que la IA puede agilizar trámites, mejorar la coherencia de los textos legales y apoyar el trabajo de funcionarios y legisladores. Pero también advirtieron que su uso sin controles puede multiplicar errores, sesgos y decisiones poco explicables. Porque, sorpresa, automatizar no significa gobernar mejor por arte de magia.
El debate puso el foco en la necesidad de formar perfiles capaces de usar la IA con criterio técnico, jurídico y ético. En otras palabras: menos fascinación acrítica por la herramienta y más capacidad real para supervisarla.
Las cinco claves del foro
- La IA no sustituye la responsabilidad institucional: “La inteligencia artificial no debe ser un piloto automático del Estado”, afirmó José Luis Ros.
- La trazabilidad será clave para evitar errores en procesos normativos y decisiones públicas: “Toda cita, toda norma, todo precedente y todo dato generado por inteligencia artificial debe comprobarse contra la fuente primaria”, señaló José Luis Ros.
- Ecuador necesita una regulación equilibrada que proteja derechos sin frenar la innovación tecnológica: “Tenemos que estar permanentemente preocupados de cómo usamos esta tecnología para nuestro beneficio”, sostuvo Esteban Torres.
- La supervisión humana seguirá siendo imprescindible: “No podemos reemplazar totalmente el criterio humano experto”, advirtió Sara Maridueña.
- La formación es decisiva: “Lo que necesitamos no son más herramientas, sino personas que sepan utilizarlas bien”, concluyó Sara Maridueña.
La IA entra en la gestión normativa
José Luis Ros, director del Máster Universitario en Administración Electrónica y Gobierno Abierto de UNIR, explicó que la IA ya está impactando en la producción de informes, consultas, expedientes y borradores legales. El reto, insistió, no está solo en usarla, sino en saber gobernarla.
Ros alertó sobre los riesgos de los textos generados por IA que “parecen evidencia” pero pueden contener errores. A su juicio, esas “alucinaciones plausibles” son especialmente peligrosas porque pueden pasar inadvertidas y terminar incorporadas a decisiones públicas o normas jurídicas.
Ecuador ante una revolución tecnológica
El asambleísta nacional Esteban Torres Cobo comparó la irrupción de la IA con una nueva revolución industrial. Para el legislador ecuatoriano, estas herramientas pueden transformar la forma de legislar, gestionar servicios públicos y mejorar la eficiencia administrativa.
Sin embargo, también advirtió sobre los riesgos en materia de protección de datos. Recordó el reciente ataque al Registro Civil ecuatoriano y planteó que la información sustraída podría ser utilizada para alimentar sistemas de IA con fines desconocidos.
El criterio humano no se delega
Sara Maridueña, directora ejecutiva del Club IA Legal Ecuador, defendió el valor de la IA como herramienta de apoyo para revisar documentos legales, detectar contradicciones normativas y mejorar la coherencia de los textos. Pero dejó claro que la responsabilidad final no puede trasladarse a una máquina.
Según explicó, los sistemas de inteligencia artificial generativa pueden ofrecer respuestas convincentes, pero eso no significa que sean correctas. Por eso reclamó supervisión humana real, con profesionales formados y capaces de identificar errores, sesgos o vacíos jurídicos.
Formación para un sector público más sólido
Los expertos coincidieron en que la modernización del sector público no depende solo de incorporar tecnología. También exige fortalecer capacidades institucionales, formar funcionarios y desarrollar competencias técnicas, éticas y relacionales.
La conclusión fue clara: la IA puede ayudar a Ecuador a mejorar su gestión normativa, pero solo si se usa con control, trazabilidad y responsabilidad. Lo contrario sería confundir velocidad con progreso, una costumbre humana bastante extendida y no precisamente brillante.
