La aplicación recurrente de toques de queda en Ecuador refleja la complejidad de la lucha contra el crimen organizado. Más allá de su eficacia inmediata, plantea interrogantes sobre gobernanza, derechos fundamentales y legitimidad democrática.
Ecuador atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente en materia de seguridad pública. Tras años de relativa estabilidad en comparación con otros países de la región, el país ha experimentado un aumento sostenido de la violencia vinculada al narcotráfico, la extorsión, el sicariato y otras economías criminales.
Este deterioro ha llevado al Gobierno a recurrir de forma reiterada a estados de excepción y restricciones de movilidad nocturna en provincias especialmente afectadas por la actividad de organizaciones criminales, como Guayas, Los Ríos, El Oro o Esmeraldas.
Las medidas han incluido despliegues conjuntos de Policía Nacional y Fuerzas Armadas con el objetivo de recuperar el control territorial y contener la expansión de estructuras delictivas cada vez más violentas.
El toque de queda como herramienta de contención
Desde una perspectiva operativa, el toque de queda responde a una lógica comprensible. Limitar temporalmente la movilidad facilita los controles policiales y militares, concentra recursos de vigilancia y permite actuar con mayor intensidad en zonas de riesgo.
El Decreto Ejecutivo 370, emitido en abril de 2026, estableció restricciones de circulación nocturna entre las 23:00 y las 05:00 horas en distintas provincias y cantones del país.
Durante las semanas de aplicación de la medida, las autoridades informaron de miles de detenciones, numerosos allanamientos y decomisos de armas, explosivos y toneladas de droga (France24, 2026; Primicias, 2026a).
Desde el punto de vista táctico, estas actuaciones pueden producir una reducción temporal de determinados delitos, especialmente aquellos asociados a franjas horarias nocturnas.
Sin embargo, la cuestión central va más allá de la contención inmediata de la violencia.
Control temporal frente a soluciones estructurales
Las organizaciones criminales que operan actualmente en Ecuador poseen una elevada capacidad de adaptación. Muchas de ellas forman parte de redes transnacionales vinculadas al tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas.
Por ello, una disminución coyuntural de determinados indicadores no implica necesariamente una reducción duradera de la capacidad operativa de estas estructuras.
La experiencia demuestra que el control territorial sostenido exige fortalecer capacidades de inteligencia, investigación criminal, cooperación internacional y coordinación institucional.
El desafío no consiste únicamente en reducir los delitos durante un periodo concreto, sino en construir condiciones que permitan mantener la seguridad una vez finalizadas las medidas extraordinarias.
Cuando la excepcionalidad deja de ser excepcional
Uno de los aspectos más relevantes del caso ecuatoriano es la reiteración de los estados de excepción y de las restricciones de movilidad.
Entre 2023 y 2026, el país recurrió en múltiples ocasiones a mecanismos extraordinarios para responder a la escalada de violencia. Esta situación plantea una cuestión fundamental: ¿se trata de respuestas temporales ante una crisis específica o de la manifestación de un problema estructural más profundo?
Cuando las medidas excepcionales comienzan a repetirse de forma continuada, existe el riesgo de que la ciudadanía las perciba como parte de la normalidad.
La presencia constante de controles militares, operativos especiales y limitaciones de movilidad puede terminar modificando la relación entre el Estado, las instituciones y la población.
Como ha señalado parte del análisis académico y periodístico reciente, Ecuador afronta el reto de evitar que la excepcionalidad se convierta en un componente permanente de la gestión pública de la seguridad (El País, 2026).
Seguridad, Fuerzas Armadas y Estado de Derecho
La participación intensiva de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior ha sido una de las características más visibles de esta estrategia.
Su intervención se justifica por la magnitud de la amenaza y por la necesidad de reforzar la capacidad del Estado frente a organizaciones altamente armadas y con gran capacidad de violencia.
No obstante, la experiencia internacional muestra que la militarización prolongada de la seguridad pública plantea desafíos relevantes desde el punto de vista jurídico, operativo y democrático.
A ello se suma la necesidad de preservar los derechos fundamentales. Las restricciones de movilidad solo pueden justificarse bajo criterios de necesidad, proporcionalidad, temporalidad y control institucional.
Diversas organizaciones de derechos humanos alertaron durante la aplicación de los toques de queda sobre posibles riesgos de uso excesivo de la fuerza o afectaciones desproporcionadas a determinados colectivos (Ecuador Chequea, 2026).
La propia Corte Constitucional del Ecuador ha insistido en la necesidad de que estas medidas estén sometidas a mecanismos de control y evaluación permanentes (Corte Constitucional del Ecuador, 2025-2026).
La normalización del miedo
Más allá de sus efectos operativos, las restricciones de movilidad también transforman la vida cotidiana.
En ciudades como Guayaquil, numerosos ciudadanos han adaptado sus hábitos a un entorno marcado por la violencia y la incertidumbre. El cierre anticipado de comercios, los cambios de horarios y la reducción de actividades nocturnas forman ya parte de la realidad de muchas comunidades.
Desde la criminología, este fenómeno se relaciona con la llamada seguridad subjetiva, es decir, la percepción que tiene la población sobre su nivel de protección y vulnerabilidad.
Incluso cuando determinados indicadores delictivos disminuyen temporalmente, la sensación de inseguridad puede persistir si la ciudadanía percibe que las respuestas institucionales son principalmente reactivas.
La normalización del miedo constituye una de las consecuencias más delicadas de este tipo de escenarios. Cuando las personas asumen como habitual convivir con restricciones extraordinarias y presencia militar constante, pueden producirse procesos de desgaste social, resignación colectiva y pérdida progresiva de confianza institucional.
Seguridad y legitimidad democrática
La experiencia ecuatoriana refleja una realidad presente en numerosos países: la dificultad de responder a amenazas criminales complejas sin recurrir de manera recurrente a medidas excepcionales.
Sin embargo, la eficacia inmediata no siempre equivale a fortalecimiento institucional.
La lucha contra el crimen organizado requiere reforzar la inteligencia policial, la investigación criminal, la cooperación internacional y la coordinación entre organismos públicos. También exige recuperar la confianza ciudadana y consolidar la legitimidad democrática de las políticas de seguridad.
En este contexto, la protección de los derechos fundamentales no debe interpretarse como un obstáculo para la acción estatal, sino como una condición indispensable para garantizar su legitimidad.
La pregunta central no es únicamente si un toque de queda puede reducir determinados delitos durante un periodo concreto. La cuestión más profunda es qué revela sobre la fortaleza institucional de un Estado la necesidad recurrente de suspender parcialmente la normalidad para restaurar el orden.
Más allá de la emergencia
El caso ecuatoriano muestra algunas de las tensiones más relevantes que afrontan hoy los sistemas democráticos de seguridad pública.
Las medidas extraordinarias pueden ofrecer respuestas rápidas frente a escenarios de alta conflictividad, pero no sustituyen la necesidad de construir capacidades institucionales sólidas y sostenibles.
La verdadera fortaleza de un sistema democrático no reside únicamente en su capacidad para reaccionar ante una crisis, sino en su habilidad para resolverla sin convertir la excepcionalidad en una forma permanente de gobernanza.
Referencias bibliográficas
- Corte Constitucional del Ecuador. (2025-2026). Resoluciones y pronunciamientos relacionados con los estados de excepción y restricciones de movilidad aplicados durante 2025 y 2026.
- Ecuador Chequea. (2026). Organizaciones de derechos humanos sí alertaron sobre posibles abusos durante el toque de queda en Ecuador.
- El País. (2026). La nueva normalidad de Ecuador: un país en estado de excepción.
- El Universo. (2026). Cuándo termina el toque de queda en Ecuador: fecha y hora en la que finaliza.
- France24. (2026). El toque de queda en Ecuador deja unos 5.000 detenidos en dos semanas.
- Primicias. (2026a). “La criminalidad se ha reducido”, asegura el presidente Noboa y presenta resultados del toque de queda.
- Primicias. (2026b). Toque de queda deja 146 detenidos vinculados a estructuras criminales en Guayaquil, Durán y Samborondón.
- Radio Nacional de España. (2026). Grupos criminales y toque de queda en Ecuador.
- Universidad Internacional de La Rioja. (2025, 11 de diciembre). Estrategias para recuperar la seguridad ciudadana [Foro académico]. UNIR.
(*) Nahikari Sánchez Herrero, directora del área de Ciencias de la Seguridad, y Fidel Bedia Castillo, coordinador académico de la Maestría Universitaria en Seguridad Pública.
