La universidad reunió a responsables del Ministerio de Salud Pública de Ecuador y especialistas internacionales para analizar el impacto de la nueva Ley Orgánica de Salud Mental, sus avances, los desafíos de su implementación y el papel de los profesionales sanitarios en este nuevo modelo asistencial.
La aprobación de la Ley Orgánica de Salud Mental en Ecuador marcó un punto de inflexión en la forma de entender la atención psicológica y psiquiátrica dentro del sistema sanitario. Tras décadas en las que la salud mental ocupó un papel secundario dentro de las políticas públicas, el país comienza a desarrollar un modelo que busca situar a las personas, sus derechos y la atención comunitaria en el centro de la intervención.
El Foro UNIR analizó el estado actual de esta transformación, los cambios que ya se están produciendo en el sistema de salud ecuatoriano y los retos pendientes para convertir el texto legal en una realidad asistencial accesible para toda la población.
En el encuentro participaron María Sosa, directora de Docencia Médica del Hospital de Especialidades Julio Endara del Ministerio de Salud Pública; Estefanía Andrade Velastegui, coordinadora de Rehabilitación y Terapia en Salud Mental del Ministerio de Salud Pública; e Hilario Blasco-Fontecilla, director médico de Emooti y especialista en salud mental.
“La Ley Orgánica de Salud Mental garantiza el derecho a la salud mental de todas las personas dentro del territorio nacional”, explicó María Sosa durante la apertura del foro. Un cambio que, según destacó, supone reconocer la salud mental como un auténtico derecho humano y no únicamente como una cuestión clínica.
Cinco claves del Foro UNIR
- La salud mental como derecho: La nueva legislación reconoce la salud mental como un derecho fundamental que debe garantizar el Estado.
- Modelo comunitario: La atención deja de centrarse exclusivamente en los hospitales para reforzar la prevención y el trabajo desde la comunidad.
- Equipos multidisciplinares: Psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y otros profesionales trabajarán de forma coordinada.
- Prevención y educación: La nueva estrategia apuesta por combatir el estigma y promover programas de prevención desde edades tempranas.
- Capacitación profesional: La implementación de la ley exige formar a nuevos profesionales y fortalecer la red pública de atención en salud mental.
Una ley que cambia el modelo asistencial
María Sosa explicó que la principal novedad de la Ley de Salud Mental consiste en abandonar un modelo centrado casi exclusivamente en la atención hospitalaria para avanzar hacia un sistema comunitario, preventivo e integral.
La norma promueve que las personas con trastornos mentales reciban atención dentro de su entorno habitual siempre que sea posible, favoreciendo la continuidad de su vida familiar, educativa y laboral.
En este contexto, la hospitalización deja de entenderse como la respuesta habitual y pasa a reservarse para situaciones agudas en las que realmente resulte necesaria. El objetivo consiste en reducir ingresos prolongados y facilitar la recuperación funcional de los pacientes mediante recursos ambulatorios y comunitarios.
Sosa recordó además que este cambio obliga a reforzar la atención primaria y los centros de salud, donde muchos casos podrán detectarse y tratarse precozmente antes de requerir recursos especializados.
Del psiquiatra al equipo multidisciplinar
Otro de los cambios relevantes afecta a la organización de la atención sanitaria. La nueva ley apuesta por equipos integrados por psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermería especializada, trabajo social, terapia ocupacional y otros profesionales que puedan intervenir según las necesidades de cada paciente.
Este enfoque busca superar modelos excesivamente medicalizados para incorporar dimensiones sociales, familiares y funcionales dentro del tratamiento. “La familia tiene que conocer el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico”, explicó María Sosa. Según señaló, cuando el entorno comprende la enfermedad y participa activamente en el proceso terapéutico, disminuyen las recaídas y mejora la continuidad del tratamiento.
En definitiva, la recuperación deja de depender exclusivamente del profesional sanitario para convertirse en una responsabilidad compartida entre paciente, familia, comunidad y sistema de salud.
Prevenir antes que tratar
Uno de los mensajes más repetidos durante el foro fue la necesidad de reforzar la prevención. La ley incorpora programas dirigidos a promover hábitos saludables, prevenir el suicidio, reducir el consumo problemático de sustancias y detectar precozmente trastornos mentales.
María Sosa insistió en que la educación constituye una herramienta fundamental para combatir el estigma social que todavía rodea muchas enfermedades mentales.
“Hay muy poca información y eso forma parte del estigma”, afirmó. Por ello, considera imprescindible desarrollar campañas comunitarias que permitan comprender mejor los problemas de salud mental y facilitar que las personas pidan ayuda antes de que la situación se agrave.
Llegar a todo el país
Estefanía Andrade reconoció que todavía existen importantes diferencias en el acceso a profesionales especializados según el territorio. En muchas comunidades alejadas, la disponibilidad de psicólogos o psiquiatras continúa siendo limitada.
Para afrontar esta realidad, explicó que el Ministerio de Salud trabaja en programas de capacitación dirigidos a médicos generales, médicos familiares y otros profesionales sanitarios que puedan ofrecer una primera atención en salud mental mientras se fortalece la red especializada.
La coordinadora insistió además en que la implementación de la ley exige un importante esfuerzo presupuestario y la incorporación progresiva de nuevos profesionales. Una ley puede abrir el camino, pero necesita personas, recursos y tiempo para recorrerlo.
El papel de la tecnología y la salud digital
Hilario Blasco destacó cómo la salud digital puede contribuir a reducir desigualdades territoriales. Según explicó, la telemedicina y la atención psicológica online permiten acercar especialistas a zonas donde resulta difícil disponer de determinados perfiles profesionales de manera presencial. También defendió el valor de las herramientas digitales para mejorar la prevención, facilitar el seguimiento de pacientes y optimizar la coordinación entre profesionales sanitarios.
“La digitalización es una bendición cuando se utiliza correctamente”, afirmó. Además, señaló que la intervención precoz durante la infancia y la adolescencia puede reducir de forma muy significativa la aparición de problemas de salud mental en la edad adulta.
Una responsabilidad compartida
El foro concluyó con una idea clara: la salud mental no depende únicamente del sistema sanitario. Como recordó Estefanía Andrade, el éxito de la nueva ley exige la participación coordinada de educación, trabajo, comunidad, instituciones públicas y sociedad civil.
La implementación de la norma requiere no solo recursos económicos, sino también formación profesional, sensibilización ciudadana y una mayor comprensión de la importancia de la salud mental como parte inseparable de la salud integral.
En este contexto, programas como la Maestría en Neuropsicología Clínica o las diferentes titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNIR responden a una creciente demanda de profesionales preparados para afrontar los nuevos retos que plantea la atención psicológica en Ecuador.
Porque aprobar una ley es solo el primer paso. El verdadero desafío comienza cuando esa ley consigue transformar la vida de las personas que más la necesitan.
