El Foro UNIR reunió a expertos en seguridad y responsables de la lucha antidrogas para analizar la expansión del crimen organizado, sus redes financieras y las medidas que Ecuador debe priorizar para recuperar la seguridad en 2027.
Ecuador cerró 2025 con 9.216 homicidios intencionales y una tasa de 50,9 por cada 100.000 habitantes, el registro más elevado de su historia reciente. La violencia vinculada al narcotráfico y el crimen organizado ha dejado de concentrarse en determinadas zonas fronterizas y se ha extendido por ciudades, barrios y territorios estratégicos del país. El desafío ya no consiste únicamente en detener a los responsables, sino en desarticular las estructuras económicas, territoriales e institucionales que permiten su actividad.
El Foro UNIR analizó las causas de esta transformación y los límites de las respuestas desarrolladas por el Estado. El encuentro abordó la posición estratégica ecuatoriana dentro del mercado internacional de drogas, la influencia de las organizaciones criminales y la necesidad de reforzar la cooperación regional, la inteligencia y la investigación financiera.
Participaron Sonia Alda Mejías, directora de la Maestría en Estudios de Seguridad Internacional de UNIR; el coronel de Policía Juan Pablo Luna, director nacional de Investigación Antidrogas subrogante; y el teniente coronel Andrés Esteban Pavón Mencías, jefe de la Sección de Narcotráfico de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.
“Cuando hay corrupción, no puede haber seguridad, desarrollo ni gobernabilidad”, advirtió Sonia Alda al plantear su principal prioridad para 2027.
Cinco claves del Foro UNIR
- Ecuador, nodo estratégico: El país ha pasado de ser principalmente un territorio de tránsito a convertirse en una pieza logística y de exportación del narcotráfico internacional, gracias a sus puertos y conexiones comerciales.
- Más allá de las operaciones: Detenciones e incautaciones no garantizan una reducción sostenida de la violencia si las organizaciones conservan sus recursos económicos y su capacidad de reorganización.
- Seguir el rastro del dinero: El control del lavado de activos y de las estructuras financieras debe acompañar la actuación policial y militar.
- Inteligencia y cooperación: El intercambio de información entre Ecuador, Colombia y otros países resulta esencial para anticiparse a las organizaciones criminales.
- Prevenir el reclutamiento juvenil: Educación, empleo, deporte y presencia institucional deben ofrecer alternativas a los jóvenes que viven en territorios vulnerables.
- Combatir la corrupción: La penetración de las organizaciones criminales en las instituciones constituye uno de los principales obstáculos para recuperar la seguridad y la confianza pública.
Ecuador, una pieza del mercado global
Alda situó el problema ecuatoriano dentro de la geopolítica del narcotráfico. Su planteamiento fue claro: la expansión del crimen organizado en América Latina no puede explicarse como una suma de problemas nacionales independientes, sino como el resultado de un mercado internacional que conecta producción, transporte, distribución y consumo.
La dimensión de este fenómeno aparece reflejada en el Informe Mundial sobre Drogas de Naciones Unidas. El cultivo mundial de coca alcanzó en 2024 las 385.100 hectáreas, casi tres veces más que una década antes.
Aunque Ecuador no es un país productor de cocaína, su posición geográfica y sus infraestructuras portuarias lo han convertido en un enclave relevante para las redes de exportación. La actividad comercial legal ofrece oportunidades logísticas que las organizaciones criminales aprovechan para introducir cargamentos ilícitos en las cadenas de transporte internacional.
A esta situación se sumó la reorganización del escenario criminal colombiano después del acuerdo de paz de 2016 y la creciente presencia de organizaciones mexicanas como los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Según explicó Alda, estas estructuras aportan capacidad de articulación comercial y financiera y establecen relaciones con organizaciones ecuatorianas.
El resultado es un mercado más fragmentado, especializado y flexible, donde diferentes grupos pueden colaborar o competir según sus intereses. Ecuador ha adquirido así una centralidad logística creciente dentro de unas redes que operan a escala internacional.
Inteligencia para anticiparse
Desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas, el teniente coronel Andrés Esteban Pavón señaló que una de las principales capacidades que necesita reforzar Ecuador es la inteligencia estratégica.
“El principal recurso que debe ser explotado para combatir el narcotráfico es la inteligencia”, afirmó. Su importancia reside en la posibilidad de anticipar movimientos, reconocer amenazas y comprender cómo operan las organizaciones antes de que se produzcan nuevos delitos.
Pavón destacó especialmente la cooperación con Colombia mediante el intercambio de información y la coordinación de operaciones. También reclamó mejorar la formación de informantes, la captación de colaboradores y los medios técnicos disponibles.
El coronel de Policía Juan Pablo Luna coincidió en que inteligencia e investigación deben avanzar conjuntamente. Explicó que resulta necesario incorporar sistemas informáticos, herramientas de análisis e inteligencia artificial para agilizar las investigaciones y localizar los recursos económicos de las redes criminales.
También planteó mejorar la conexión entre Policía, Fiscalía, Judicatura y Criminalística. La fragmentación institucional y los retrasos en el intercambio documental pueden ralentizar los procedimientos y dificultar que las investigaciones terminen en sentencias.
El dinero detrás del narcotráfico
Juan Pablo Luna identificó dos factores que favorecen la expansión del crimen organizado: las dificultades del sistema judicial para sancionar delitos y las debilidades en el control del lavado de activos.
El coronel defendió que perseguir únicamente a quienes transportan o distribuyen drogas resulta insuficiente si las organizaciones mantienen intactos sus recursos financieros.
Aldа amplió esta idea señalando que las operaciones policiales pueden debilitar temporalmente a determinados grupos, pero no necesariamente eliminan sus posibilidades de negocio. Mientras conserven sus fuentes de financiación, podrán contratar nuevos colaboradores y reorganizar sus estructuras.
El objetivo debe ser seguir las rutas del dinero, identificar las empresas utilizadas para blanquear capitales y actuar sobre las redes que permiten introducir los beneficios ilícitos en la economía formal.
Luna añadió que la cooperación entre instituciones debe facilitar el acceso a información financiera y mejorar la capacidad de los investigadores para identificar dónde terminan los recursos procedentes del narcotráfico.
Los jóvenes, objetivo del reclutamiento
La dimensión social apareció como otro de los elementos imprescindibles de la respuesta ecuatoriana.
Pavón advirtió que en determinados territorios fronterizos y amazónicos existen carencias de servicios públicos, educación y oportunidades económicas que pueden facilitar la incorporación de jóvenes a las organizaciones criminales.
“No debemos involucrar únicamente a los actores de seguridad”, defendió. Su propuesta pasa por desarrollar una estrategia en la que también participen los sectores educativo, sanitario y social.
Juan Pablo Luna coincidió en la necesidad de reforzar las políticas de prevención del reclutamiento juvenil. Entre las medidas que destacó figuran las campañas educativas y deportivas, los programas culturales, la capacitación y las oportunidades de incorporación al mercado laboral.
El coronel también subrayó la importancia de explicar en escuelas, colegios y universidades las modificaciones legislativas relacionadas con la protección de menores y las consecuencias del reclutamiento por parte de organizaciones criminales.
Las tres prioridades para 2027
En la recta final del encuentro, los tres especialistas señalaron qué medidas deberían concentrar los esfuerzos del Estado ecuatoriano durante los próximos doce meses.
Pavón defendió una estrategia integral que involucre a las instituciones públicas y a los sectores sociales, educativos y sanitarios. Luna situó como prioridad la interconectividad institucional, con sistemas informáticos que permitan compartir información y seguir las operaciones financieras de las organizaciones.
Sonia Alda fue especialmente contundente al identificar la corrupción como el principal obstáculo para cualquier política de seguridad. “Cuando hay corrupción, no puede haber seguridad y no puede haber desarrollo”, afirmó.
La conclusión del foro fue que Ecuador necesita actuar simultáneamente sobre tres frentes: reforzar la cooperación internacional, debilitar las estructuras económicas del narcotráfico y recuperar el control institucional y territorial.
Formación para afrontar la amenaza
La complejidad del crimen organizado transnacional también exige profesionales especializados en seguridad, inteligencia, investigación criminal y relaciones internacionales.
En este ámbito, UNIR ofrece la Maestría Universitaria en Estudios de Seguridad Internacional, dirigida por Sonia Alda Mejías. La titulación aborda el análisis de amenazas globales, la geopolítica, los conflictos internacionales y las políticas públicas de seguridad, con especial atención a la interpretación de información estratégica y la toma de decisiones.
El Foro UNIR dejó una advertencia que trasciende las operaciones contra el narcotráfico: la seguridad no se recupera únicamente deteniendo criminales.
Es necesario debilitar los negocios que sostienen a las organizaciones, evitar su penetración en las instituciones y garantizar que el Estado mantenga una presencia efectiva en los territorios más vulnerables.
