La internacionalización empresarial, el teletrabajo y una mayor cooperación entre administraciones tributarias multiplican las operaciones con implicaciones fiscales en varios países y refuerzan la necesidad de profesionales especializados en fiscalidad internacional.
Pensemos en una empresa mediana que hace unos años operaba únicamente en su país y que hoy factura a clientes en Alemania, dispone de un almacén en Países Bajos y paga a un equipo de desarrolladores de software en Argentina. O en un profesional que trabaja en remoto para una compañía estadounidense mientras reside en Caracas o Madrid.
Situaciones que hace no demasiado tiempo eran excepcionales forman hoy parte de una economía cada vez más internacionalizada. Y detrás de todas ellas aparece, tarde o temprano, una pregunta fundamental: ¿dónde deben pagarse los impuestos?
La respuesta rara vez es sencilla. La residencia fiscal, el lugar donde se genera una renta, los convenios internacionales o la existencia de establecimientos permanentes pueden determinar qué Estado tiene potestad para gravar una determinada operación.
Es precisamente en este escenario donde adquiere relevancia el especialista en fiscalidad internacional, un perfil situado en la intersección entre el derecho tributario, la economía y las relaciones económicas internacionales.
Negocios globales frente a sistemas tributarios nacionales
La globalización ha reducido numerosas barreras económicas. El comercio electrónico, el teletrabajo y la digitalización permiten que una empresa opere en diferentes mercados sin necesidad de mantener una presencia física tradicional en todos ellos.
Sin embargo, mientras las actividades económicas se internacionalizan, buena parte de los sistemas tributarios continúan organizándose fundamentalmente sobre una base nacional.
Cada Estado establece sus propias normas fiscales, tipos impositivos y criterios para determinar cuándo una renta queda sometida a tributación. El resultado es un entramado normativo en el que empresas y personas que operan en varios territorios pueden encontrarse ante obligaciones simultáneas.
Uno de los problemas clásicos es la doble imposición internacional, que puede producirse cuando dos jurisdicciones consideran que tienen derecho a gravar una misma renta.
Para reducir estos conflictos existen los convenios para evitar la doble imposición, que distribuyen las potestades tributarias entre los Estados firmantes y establecen mecanismos para evitar o corregir una tributación duplicada.
La fiscalidad internacional se ocupa precisamente de interpretar y coordinar estas normas para que empresas y particulares puedan cumplir sus obligaciones tributarias dentro de un marco de seguridad jurídica.
El teletrabajo también ha cruzado las fronteras fiscales
Una de las transformaciones que ha ampliado estas situaciones es el crecimiento del trabajo en remoto.
Ya no es imprescindible trasladarse físicamente a la sede de una compañía para trabajar para una empresa extranjera. Un profesional puede residir en un país, prestar sus servicios desde allí y trabajar para una organización establecida a miles de kilómetros.
Esto plantea cuestiones sobre residencia fiscal, tributación de las rentas del trabajo o cotizaciones a la Seguridad Social. ¿Dónde debe tributar una persona que vive en un Estado y trabaja para una empresa registrada en otro? ¿Puede tener obligaciones fiscales en ambos territorios?
Preguntas que tradicionalmente afectaban sobre todo a directivos expatriados y trabajadores desplazados aparecen ahora en trayectorias profesionales mucho más diversas.
Más cooperación entre las administraciones tributarias
A esta internacionalización se suma una creciente coordinación entre autoridades fiscales.
La OCDE ha impulsado durante los últimos años diferentes iniciativas destinadas a adaptar las normas tributarias a una economía globalizada y digital. Una de las más relevantes es el proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), orientado a combatir estrategias que permiten trasladar artificialmente beneficios hacia jurisdicciones con una tributación reducida.
Paralelamente, los mecanismos de intercambio internacional de información fiscal han incrementado la capacidad de las administraciones para conocer activos, cuentas y operaciones mantenidas por contribuyentes fuera de sus fronteras.
El escenario resultante exige interpretar normas nacionales, convenios internacionales y estándares supranacionales que evolucionan continuamente. La actualización permanente se convierte, por tanto, en una parte esencial del trabajo del especialista.
La internacionalización fiscal ya no afecta solo a las multinacionales
Durante años, la fiscalidad internacional estuvo estrechamente asociada a grandes grupos empresariales con presencia en numerosos países.
Ese escenario ha cambiado.
Una pyme que vende productos por internet en diferentes mercados, una startup que recibe inversión extranjera o un profesional autónomo con clientes internacionales también puede enfrentarse a cuestiones relacionadas con el IVA, la residencia fiscal, las retenciones o los convenios de doble imposición.
Por ello, comprender las implicaciones tributarias de una operación internacional ha dejado de ser una necesidad exclusiva de las multinacionales.
La fiscalidad puede influir incluso en decisiones empresariales previas: dónde establecer una filial, cómo organizar una expansión internacional o qué consecuencias tendrá contratar trabajadores o proveedores en otro país.
Qué hace un especialista en fiscalidad internacional
Trabajar en fiscalidad internacional implica bastante más que conocer impuestos. El profesional debe desenvolverse entre diferentes áreas jurídicas y económicas y comprender cómo interactúan entre sí.
Entre sus principales ámbitos de actuación se encuentran:
- El derecho tributario comparado, necesario para comprender las diferencias entre los sistemas fiscales de distintos países.
- Los convenios para evitar la doble imposición, que establecen cómo se distribuye la potestad tributaria entre Estados.
- El derecho de la Unión Europea, especialmente relevante para las operaciones desarrolladas dentro del mercado comunitario.
- Los precios de transferencia, que regulan la valoración de las operaciones realizadas entre entidades vinculadas situadas en diferentes jurisdicciones.
- La planificación fiscal internacional, entendida como la estructuración legal y eficiente de operaciones económicas respetando la normativa aplicable.
A estas competencias técnicas se suma otra menos evidente, pero igualmente importante: la capacidad de comunicación.
Los clientes no tienen por qué dominar tratados internacionales o conceptos tributarios complejos. El asesor debe ser capaz de transformar ese conocimiento técnico en recomendaciones comprensibles que permitan adoptar decisiones empresariales o personales fundamentadas.
Un perfil cada vez más transversal
La complejidad de estas operaciones explica por qué la especialización resulta particularmente relevante en despachos de abogados, consultoras y departamentos fiscales de empresas internacionalizadas.
Una formación general en Derecho, Economía o Administración de Empresas proporciona una base necesaria, pero determinadas operaciones transfronterizas requieren conocimientos específicos sobre tributación internacional y una actualización normativa constante.
Además, el profesional debe ser capaz de colaborar con especialistas de otras jurisdicciones. Una misma operación puede tener consecuencias diferentes en varios países y exigir la intervención coordinada de abogados, asesores fiscales, economistas o responsables financieros.
El asesoramiento deja así de estar condicionado exclusivamente por las fronteras de un único ordenamiento jurídico.
El nuevo horizonte del asesoramiento jurídico-fiscal
Durante mucho tiempo, el derecho tributario pudo entenderse fundamentalmente desde una perspectiva nacional. El asesor conocía en profundidad la normativa de su país y resolvía operaciones que se desarrollaban principalmente dentro de sus fronteras.
La internacionalización de la economía obliga a ampliar esa mirada.
El asesoramiento jurídico-fiscal requiere cada vez con mayor frecuencia anticipar cómo una decisión adoptada en una jurisdicción puede generar consecuencias tributarias en otra.
Esto no significa que la fiscalidad internacional sustituya al conocimiento de la normativa nacional. Al contrario: ambos ámbitos se complementan. Para interpretar correctamente una operación transfronteriza es necesario comprender primero los sistemas internos que intervienen y, posteriormente, las normas que permiten coordinarlos.
La capacidad para pensar en diferentes jurisdicciones se convierte así en una competencia relevante para quienes asesoran a empresas y particulares con intereses internacionales.
Formarse para resolver problemas fiscales internacionales
Esta complejidad plantea también nuevas necesidades de formación.
Especializarse no consiste únicamente en conocer la teoría de los convenios fiscales. Implica aprender a enfrentarse a situaciones concretas: estructurar la expansión internacional de una compañía, analizar las consecuencias del traslado de residencia de una persona, valorar operaciones entre empresas vinculadas o interpretar un convenio de doble imposición ante un caso real.
Programas como la Maestría Universitaria en Fiscalidad Internacional de UNIR permiten profundizar en estos ámbitos y desarrollar una visión transversal de la tributación internacional desde una perspectiva jurídica y económica.
La formación especializada cobra especial sentido en un escenario en el que las operaciones económicas cruzan fronteras con mucha mayor facilidad que las normas encargadas de regularlas.
La globalización probablemente seguirá generando nuevas formas de trabajar, invertir y desarrollar negocios. Los sistemas tributarios, mientras tanto, deberán continuar adaptándose a esa realidad.
Comprender la relación entre ambos mundos será uno de los principales desafíos del asesoramiento fiscal internacional: conseguir que empresas y particulares puedan operar en diferentes países con eficiencia, pero también con seguridad jurídica y pleno cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
(*) Ana María Lópaz Pérez. Docente UNIR. Docente desde 2003, Experiencia investigadora comienza en 2006, en 2008 obtención del grado de Doctora en Derecho, especialidad, Derecho Financiero y tributario. Acreditaciones ANECA en 2017, ayudante doctor y contratado doctor.
